El juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, Ernesto García Maañón, enfrenta acusaciones de acoso sexual y abuso de poder tras la denuncia presentada por una funcionaria judicial. La denunciante detalló intercambios de mensajes de texto inapropiados entre ella y el magistrado, que incluyeron comentarios de naturaleza sexual que interpretó como intentos de seducción y presión laboral.

Ante la gravedad de las acusaciones, García Maañón presentó su renuncia al cargo, la cual aún está pendiente de aceptación por parte del gobernador. Mientras tanto, la denuncia generó un escándalo en el departamento judicial de zona norte, que ya había sido golpeado por episodios previos de mala praxis y denuncias de abuso de poder.

La funcionaria que presentó la denuncia declaró que se sintió intimidada y acosada durante su tiempo trabajando bajo la supervisión de García Maañón. Además de los mensajes de texto, se mencionan comportamientos inapropiados durante reuniones laborales y presiones para mantener una relación cercana fuera del ámbito profesional.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de conducta y supervisión dentro del poder judicial para prevenir situaciones de abuso de poder y acoso sexual en el ámbito laboral. Organizaciones de derechos humanos y gremios judiciales han solicitado una investigación exhaustiva y la implementación de medidas preventivas.

Por otro lado, se abrió una investigación interna para determinar si existieron otros casos similares en el departamento judicial de San Isidro. Se están revisando comunicaciones y testimonios de otras funcionarias y empleados que pudieron haber sido testigos o víctimas de comportamientos inapropiados por parte del juez.

La renuncia del magistrado, aunque voluntaria, no exime de la posibilidad de un juicio político si se determina que existieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La Legislatura provincial podría iniciar un proceso de remoción si se comprueba que las acusaciones son fundadas.

Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y denuncia dentro del poder judicial, así como la importancia de garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos los empleados del sector público.