La situación de los jubilados en Argentina atraviesa un momento crítico. Según un estudio reciente, el 91% de los adultos mayores reconoció haber tenido que recortar consumos esenciales en los últimos meses, como alimentos, medicamentos, transporte y servicios básicos. El dato refleja el impacto directo de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo sobre uno de los sectores más vulnerables.

El informe, elaborado por organizaciones sociales y centros de estudios previsionales, advierte que el ajuste no solo afecta el bienestar material, sino también la salud física y emocional de los jubilados. Muchos deben elegir entre comprar remedios o pagar la luz, y en algunos casos, han dejado de asistir a controles médicos por falta de recursos.

La situación se agrava por el estancamiento de los haberes jubilatorios, que en promedio no superan los $100.000 mensuales, muy por debajo de la canasta básica para adultos mayores, estimada en más de $250.000. A esto se suma la reducción de subsidios y la falta de actualización en programas de asistencia.

Desde los centros de jubilados y organizaciones de defensa previsional alertan sobre el “abandono institucional” y reclaman medidas urgentes. “No se trata solo de números: estamos hablando de vidas que se deterioran día a día”, señalaron en un comunicado conjunto.

El panorama plantea un desafío político de fondo: cómo garantizar condiciones dignas para quienes trabajaron toda su vida. En medio de la discusión por el presupuesto 2026, el reclamo de los jubilados vuelve a instalarse como una deuda pendiente del sistema político argentino.