El Gobierno nacional mantiene disponibles cerca de 700 millones de dólares provenientes de la liquidación extraordinaria del sector agroexportador, que fueron utilizados en las últimas semanas para contener la presión cambiaria. El objetivo fue claro: evitar que el dólar oficial se acerque al techo de la banda establecida por el Banco Central y frenar el traslado a precios.

La estrategia combinó acuerdos puntuales con cerealeras, intervención en el mercado de futuros y ventas en contado con liquidación. Según fuentes oficiales, el remanente actual se considera clave para sostener la estabilidad en el corto plazo, especialmente ante la proximidad de vencimientos de deuda y la necesidad de mantener reservas netas en niveles aceptables.

El problema es que el margen de maniobra se achica. La última suba del dólar libre encendió alarmas en el equipo económico, que teme que el pass-through cambiario se acelere. De hecho, el dato de inflación en CABA —que saltó al 2,2% en septiembre— ya muestra señales de impacto, especialmente en bienes transables como alimentos y combustibles.

En paralelo, el Gobierno negocia nuevas líneas de financiamiento con organismos multilaterales y busca acelerar desembolsos pendientes. Pero los tiempos son cortos y la política monetaria está atada a la dinámica electoral y a la necesidad de evitar un salto brusco del tipo de cambio que desestabilice precios y expectativas.

La lectura política es clara: el Ejecutivo logró evitar una corrida en septiembre gracias al colchón agroexportador, pero no puede repetir la jugada indefinidamente. Sin reservas genuinas ni confianza sostenida, cada dólar que se gasta en contener el mercado es un dólar menos para enfrentar lo que viene.

Por ahora, los 700 millones que quedan funcionan como escudo. Pero el verdadero desafío será construir una estrategia de estabilización que no dependa de parches ni acuerdos transitorios. Porque cuando el campo deje de liquidar, el mercado volverá a mirar al Banco Central. Y ahí, no hay margen para improvisar.