El crimen de una jubilada en San Isidro, ocurrido semanas atrás, dio un giro inesperado tras la aparición de nuevas pruebas que vinculan el hecho con una organización delictiva conocida como la Banda del Millón. Según fuentes judiciales, el grupo recibía instrucciones desde la cárcel a través de videollamadas y mensajes cifrados, en los que se detallaban objetivos, horarios y hasta el contenido de las viviendas a asaltar.

Una de las evidencias más contundentes fue una serie de fotos enviadas por los delincuentes al presunto líder, detenido en una unidad penitenciaria. En ellas se ve la caja fuerte de la víctima completamente vacía, lo que confirmaría que el robo fue planificado con información previa. Los investigadores creen que la jubilada fue elegida por su perfil patrimonial y por datos filtrados desde su entorno.

La videollamada que permitió avanzar en la causa fue interceptada por la fiscalía, y en ella se observa cómo el detenido da instrucciones precisas sobre el ingreso a la vivienda, el uso de guantes y la búsqueda de dinero en efectivo. El contenido fue clave para vincular al interno con el grupo operativo, que ya había sido identificado por otros robos en la zona norte del conurbano bonaerense.

La Banda del Millón había sido investigada previamente por robos a casas de alto poder adquisitivo en Vicente López, Tigre y San Fernando. Su modus operandi incluía inteligencia previa, uso de vehículos sin patente y comunicación en tiempo real con el líder desde prisión. El crimen de San Isidro, sin embargo, marcó un punto de quiebre por su violencia y por el perfil vulnerable de la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que se solicitará la ampliación de la imputación al detenido por homicidio en ocasión de robo, y que se investiga si hubo complicidad penitenciaria en el uso de dispositivos móviles. La causa sigue abierta, pero los investigadores aseguran que las pruebas recolectadas permiten reconstruir una trama de crimen organizado con ramificaciones dentro y fuera de la cárcel.

El caso reaviva el debate sobre el control de comunicaciones en unidades penitenciarias y la capacidad de las bandas criminales para operar desde el encierro. Mientras la familia de la víctima reclama justicia, la fiscalía avanza en el desmantelamiento de una red que combinaba tecnología, violencia y planificación milimétrica, con un liderazgo que no conocía de rejas.