La presencia de arsénico en el agua de consumo se convirtió en una de las principales alarmas sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Un relevamiento actualizado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló que 66 municipios bonaerenses presentan niveles superiores a los recomendados, y que 14 partidos figuran directamente en alerta roja, con valores críticos que superan lo permitido para el consumo humano.

El mapa elaborado por el ITBA muestra que la problemática afecta tanto a agua de red como de pozo, alcanzando a decenas de miles de personas. Entre los distritos más comprometidos se encuentran cabeceras del interior bonaerense, donde la falta de infraestructura y controles adecuados agrava la situación. La investigación advierte que la exposición prolongada al arsénico puede derivar en graves problemas de salud pública, incluyendo enfermedades crónicas y riesgos cancerígenos.

La dimensión política del tema es ineludible: la crisis del agua pone en tensión a los gobiernos locales y a la administración provincial, que deben responder a una demanda ciudadana cada vez más urgente. La falta de inversión en sistemas de potabilización y la ausencia de políticas sostenidas de control ambiental dejan expuesta la vulnerabilidad de vastas zonas del territorio bonaerense.

En paralelo, la situación abre un debate sobre la equidad territorial: mientras los grandes centros urbanos cuentan con mayor infraestructura, los municipios del interior padecen las consecuencias de un sistema desigual. La presión de organizaciones sociales y ambientales ya se hace sentir, reclamando medidas inmediatas para garantizar el acceso a agua segura.

El informe del ITBA, además, advierte que el problema no es exclusivo de Buenos Aires: a nivel nacional, la presencia de arsénico en el agua afecta a millones de personas. Sin embargo, la provincia más poblada del país concentra el mayor número de distritos en riesgo, lo que convierte al tema en un desafío político y sanitario de primer orden.