El último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) volvió a encender el debate sobre la medición de la pobreza en el país. Mientras el Indec celebró una caída histórica en los indicadores sociales, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) planteó que la reducción iniciada en 2023 fue sobreestimada y que no refleja plenamente la realidad de los hogares.

Según el organismo oficial, la pobreza urbana descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, frente al 52,9% registrado un año antes. La indigencia, por su parte, se redujo al 6,9%, lo que fue presentado como un logro del programa económico del Gobierno. Sin embargo, la UCA sostiene que esa baja responde en gran medida a ajustes metodológicos en la captación de ingresos, más que a mejoras estructurales en empleo, salarios o acceso a bienes básicos.

El informe académico advierte que la pobreza estructural sigue siendo elevada, y que los indicadores de desigualdad y precariedad laboral no muestran avances equivalentes. Para los investigadores, la caída abrupta de los números oficiales no puede explicarse únicamente por la estabilización macroeconómica, sino que refleja un “efecto estadístico” que reduce la magnitud del problema sin resolverlo.

La diferencia entre ambas mediciones reaviva un debate histórico: ¿los números reflejan la realidad o maquillan la crisis? Mientras el Gobierno celebra los datos del Indec como prueba de éxito, la UCA alerta que millones de hogares continúan bajo “estrés económico” y que la fragilidad social persiste.

En este contexto, especialistas remarcan la necesidad de transparencia y consenso metodológico para que las estadísticas sean confiables y útiles en el diseño de políticas públicas. La discusión sobre la pobreza no es solo técnica: es política y social, y define el rumbo de las decisiones que afectan a los sectores más vulnerables del país.