La polémica por la mansión de Pilar atribuida al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo. Legisladores de la Coalición Cívica presentaron un pedido formal para que la Justicia ordene el allanamiento de la propiedad, ante sospechas de irregularidades y la posibilidad de que se estén retirando bienes de valor.

Según la denuncia, la quinta —de unas 10 hectáreas y con instalaciones de lujo como haras, autos de colección y un helipuerto— estaría registrada a nombre de dos presuntos testaferros. El foco de la acusación se centra en la pista de aterrizaje para helicópteros, que no figura en los registros oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pero que habría sido utilizada en varias oportunidades.

Los dirigentes opositores alertaron que, tras hacerse pública la ubicación de la mansión, comenzaron a retirarse vehículos y otros bienes de la propiedad. “La están vaciando”, denunciaron, reclamando una intervención urgente para preservar pruebas. La presentación lleva las firmas de Elisa Carrió y legisladores de la Coalición Cívica, quienes ya habían solicitado a la PROCELAC que investigue el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble.

Mientras tanto, la causa judicial enfrenta obstáculos: el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente y derivó el expediente al fuero penal económico, lo que dilata la investigación.

El caso expone nuevamente las tensiones entre la dirigencia política y la conducción de la AFA, y abre interrogantes sobre el patrimonio de sus principales autoridades. Para la oposición, la mansión de Pilar se convirtió en un símbolo de lujo sospechoso y falta de transparencia en el manejo de recursos vinculados al fútbol argentino.