La Cámara Federal de San Martín resolvió que la investigación por la lujosa mansión ubicada en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, quede a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La decisión implica un cambio de jurisdicción que había sido solicitado por los propios investigados, señalados como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El expediente se originó en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky. Sin embargo, los camaristas consideraron que la competencia territorial correspondía a Campana, dado que la propiedad se encuentra en el partido bonaerense de Pilar. El fallo fue firmado por el juez Alberto Lugones, quien dio curso al planteo de los acusados.

La causa investiga posibles maniobras de lavado de dinero y administración fraudulenta, con el eje puesto en la compra de la mansión que estaría a nombre de terceros vinculados a la cúpula de la AFA. Entre los nombres que aparecen en el expediente figuran dirigentes cercanos al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, aunque ambos niegan cualquier relación con la propiedad.

El cambio de juez genera suspicacias en el ámbito judicial y político. La defensa de los investigados había insistido en que el expediente debía tramitarse en Campana, y ahora la Cámara les dio la razón. Para algunos analistas, la decisión podría favorecer a los acusados, mientras que otros sostienen que se trata de un ajuste técnico de competencia territorial.

La mansión de Villa Rosa, en Pilar, se convirtió en símbolo de la causa por su valor millonario y por las sospechas de que habría sido adquirida con fondos provenientes de maniobras irregulares. La investigación busca determinar quiénes son los verdaderos dueños y si existió un esquema de testaferros para ocultar patrimonio de dirigentes del fútbol argentino.

Con el expediente ahora en manos del juez González Charvay, se espera que se definan nuevas medidas de prueba y citaciones. El giro en la causa marca un punto de inflexión y mantiene en el centro de la agenda pública la relación entre la dirigencia de la AFA y la justicia federal.