El Hospital Italiano de Buenos Aires quedó en el centro de la polémica tras confirmarse el robo de propofol y fentanilo, dos potentes anestésicos de uso exclusivo hospitalario. La investigación se inició luego de la muerte de Alejandro Zalazar, un joven residente hallado sin vida en su departamento de Palermo con ampollas de estas drogas. 

Según reveló la prensa, los fármacos eran utilizados en fiestas privadas conocidas como “propofest”, donde se practicaban “viajes controlados” con dosificación improvisada y asistencia respiratoria precaria. Estos encuentros involucraban a profesionales de la salud y se realizaban en departamentos de la ciudad.  

El Hospital Italiano emitió un comunicado oficial en el que confirmó la denuncia judicial por el robo de los medicamentos, apartó a los implicados y reforzó los controles internos para evitar nuevas filtraciones. La institución reconoció la gravedad del caso y se puso a disposición de la Justicia.  

La trama se amplió con allanamientos en distintos domicilios y la detección de departamentos de acopio donde se guardaban las ampollas sustraídas. La Justicia intenta reconstruir la ruta de los fármacos y determinar la responsabilidad penal de los profesionales involucrados. 

El caso generó conmoción en la comunidad médica y en la sociedad. El uso de propofol y fentanilo fuera del ámbito hospitalario implica un riesgo extremo: ambos pueden provocar depresión respiratoria y muerte si no se administran bajo estricta supervisión médica. 

Familiares de Zalazar denunciaron la falta de controles y pidieron justicia. Su muerte se convirtió en el punto de partida para desentrañar una red de consumo clandestino que expuso la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad en hospitales de referencia. 

Mientras tanto, la investigación continúa con más imputaciones y pericias. El caso del Hospital Italiano se transformó en un símbolo de alerta sobre el desvío de medicamentos críticos y la necesidad de reforzar los protocolos de control en instituciones de salud.