El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado provincial, exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La causa es por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El caso sacude al Gobierno en un momento de creciente desgaste judicial para el entorno presidencial.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien le delegó la investigación al fiscal. La presentación de Pagano, dirigente que mantiene desde hace meses un enfrentamiento abierto con sectores del oficialismo, puso bajo la lupa el crecimiento patrimonial del legislador desde que ingresó al Estado.

La denuncia advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, quien llegó a la función pública de la mano de su hermano como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares. Su ascenso dentro del Estado nacional estuvo directamente ligado al rol que ocupa Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

El foco de la investigación está puesto en el veloz incremento de los activos del legislador. En apenas un año, el patrimonio neto de Francisco Adorni pasó de $43.790.000 en 2024 a $80.500.000 en 2025. Sin embargo, el dato que más llamó la atención de los investigadores es la cancelación de un crédito hipotecario del Banco Provincia por $60.000.000 en un plazo de solo doce meses.

En su denuncia, la diputada Pagano expuso que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, su sueldo resultaría insuficiente para explicar el pago de las 12 cuotas del préstamo que canceló en apenas un año. Esa discrepancia entre ingresos declarados y capacidad de pago es el nudo central de la acusación.

El fiscal Marijuán pidió informes a más de 30 organismos y ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario. Cursó un oficio a Migraciones para conocer cuántas veces y con qué destino salió del país el imputado, y al Banco Central para que requiera información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio sobre activos a su nombre. También solicitó a la UIF un informe de colaboración patrimonial, financiero, societario y laboral.

En su dictamen de 19 páginas, el fiscal aclaró que solamente hará averiguaciones sobre el patrimonio de Francisco Adorni, mientras que las menciones sobre el jefe de Gabinete no serán objeto de esta investigación, dado que Manuel Adorni ya está sometido a proceso en una causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Así, los dos hermanos quedan investigados en paralelo por causas similares, en dos fueros distintos.