La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto oficial que reforma el régimen de Zona Fría, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, busca revertir la ampliación aprobada en 2021 por iniciativa del entonces diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio tarifario del gas desde las 950.000 familias originales a casi 4 millones de hogares, equivalente a la mitad de los usuarios de gas por red del país, según informó Infobae.

El texto oficial aprobado limita la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, y excluye expresamente a las provincias que ingresaron en la ampliación kirchnerista: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras. En concreto, quedarán afuera 55 departamentos bonaerenses, 13 cordobeses, 12 pampeanos, 8 sanjuaninos y 8 santafesinos del régimen preferencial, lo que representa un universo de 1,2 millones de hogares que perderán el beneficio.

El impacto sobre los bolsillos será heterogéneo pero en varios casos muy significativo. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea calculó que un usuario residencial promedio de Bahía Blanca que hoy recibe el subsidio de Zona Fría y quede excluido del nuevo sistema focalizado podría enfrentar un incremento cercano al 100% en su factura mensual de gas. En el caso de Rosario, todos los hogares de los ocho departamentos del sur santafesino que integraban la zona ampliada podrían sufrir subas equivalentes, según alertó La Capital.

La reforma introduce además un cambio técnico en la forma de calcular el subsidio. Hasta ahora el descuento se aplica sobre el total de la factura, incluido el cargo fijo. Con la nueva normativa, el beneficio recaería únicamente sobre el consumo efectivo de gas, lo que reducirá el monto subsidiado incluso para quienes conserven el beneficio dentro de la zona histórica. Eso implica que hasta los usuarios que sigan en el régimen verán una suba, aunque más moderada que la de quienes quedan afuera por completo.

El Gobierno defiende la medida con un argumento fiscal y de equidad territorial. En el mensaje enviado al Congreso, el Ejecutivo señaló que la ampliación de 2021 "incrementó significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones", y calificó el esquema vigente como fiscalmente insostenible. El ahorro proyectado con la reforma es de 272.099 millones de pesos, según las estimaciones oficiales. La diputada libertaria Silvana Giudici fue más directa: "El Estado está poniendo 500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres", dijo desde el recinto.

Para conseguir los votos necesarios, la Casa Rosada negoció hasta el último momento con gobernadores del norte y el litoral, que históricamente no se benefician del subsidio pero que financian con sus usuarios el esquema ajeno. El oficialismo ofreció compensaciones al suministro de energía para esas provincias como moneda de cambio, y el acuerdo terminó de cerrar el número. La oposición, en cambio, cerró sus críticas con dureza. La diputada Julia Strada calificó la medida como "el segundo manotazo al Presupuesto de 2026" y advirtió que es "un mal augurio de otra ronda de ajuste".

El proyecto pasa ahora al Senado, donde las provincias tienen mayor peso relativo y las negociaciones prometen ser aún más complejas. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ya advirtió que la reforma pone en riesgo a unos 688.000 hogares cordobeses. Mientras tanto, el monto final del subsidio que se aplique a quienes conserven el beneficio no quedó fijado por ley sino que será ajustado por el Poder Ejecutivo, lo que le da al Gobierno margen de maniobra pero también genera incertidumbre sobre el impacto real en las facturas de los próximos meses.