El fiscal federal Gerardo Pollicita dio un paso decisivo en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito al requerir de manera formal al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, que justifique el origen de los fondos utilizados para incrementar su patrimonio en los últimos años. A través de un minucioso dictamen técnico de 207 fojas, la fiscalía intimó al ex funcionario a fundamentar y respaldar documentalmente una serie de inconsistencias financieras que abarcan un monto aproximado de 43 millones de pesos argentinos y cerca de USD 400.000.

La medida del representante del Ministerio Público Fiscal surge luego de un exhaustivo análisis comparativo de las declaraciones juradas presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA) y los informes contables elaborados por los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Tras entrecruzar los ingresos declarados, los consumos de tarjetas de crédito y las compras de bienes registradas durante su paso por la función pública, los peritos detectaron notorios desfasajes entre sus recursos ordinarios y su nivel de gastos y activos.

El requerimiento fiscal consta de 20 puntos concretos en los que se detallan las irregularidades detectadas. Entre los principales focos de observación se destacan operaciones inmobiliarias, depósitos en moneda extranjera sin acreditación previa de origen y la adquisición de vehículos cuya capacidad de pago no se encuentra reflejada en los haberes percibidos como funcionario estatal ni en sus actividades profesionales previas.

La investigación judicial busca determinar si las inconsistencias patrimoniales detectadas constituyen un incremento injustificado o si existen inconsistencias contables subsanables. En su escrito, Pollicita le otorgó al ex funcionario un plazo perentorio para presentar las pruebas, facturas, contratos y registros bancarios que permitan acreditar de dónde salieron los divisas y fondos cuestionados por el tribunal.

El avance de esta causa causa una fuerte resonancia política por tratarse de una de las figuras públicas más expuestas de la gestión de La Libertad Avanza. La intimación fiscal ubica ahora a la defensa técnica de Adorni en la obligación de desarmar punto por punto las objeciones presentadas por los peritos judiciales para evitar un eventual llamado a indagatoria por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público.