El juez federal Sebastián Casanello comenzó a dar por cerrada la investigación del primer tramo de la causa contra el Polo Obrero, luego de que la Cámara Federal confirmó el jueves pasado el procesamiento de Eduardo Belliboni y otros referentes de esa agrupación, aunque agravó los delitos en su contra por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”, que implican penas de hasta 15 años de prisión.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, el magistrado corrió vista a los acusadores para que evalúen el paso a juicio oral. Luego fijarán su posición las defensas. “Estimándose completa la instrucción respecto de los hechos por los que fueron procesados las personas previamente nombradas, y a fin de dar cumplimiento al mandato de celeridad remarcado por el tribunal revisor -lo que supone también concentrar esfuerzos en las restantes líneas de investigación-, córrase vista de manera sucesiva a las querellas constituidas y a la Fiscalía interviniente en los términos del art. 346 del Código Procesal Penal”, señala la notificación del juez Casanello.

Además de Belliboni, la decisión abarca a María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coeg. También fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, integrantes de la agrupación Barrios de Pie.

Según la acusación, parte de los $360 millones que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitado recibieron como unidades de gestión del Potenciar Trabajo fueron destinadas a empresas que hacían facturas truchas o a una imprenta, que está ligada al Partido Obrero. La sospecha es que esos recursos eran triangulados para financiar el partido.

En su resolución, el magistrado siguió los lineamientos dispuestos por la Sala I de la Cámara Federal que, al confirmar los procesamientos, entendió que la prueba hasta aquí reunida permitía tener por “acreditada tanto la materialidad objetiva como subjetiva de los hechos relativos a la administración fraudulenta de los fondos públicos que se les había confiado, como las distintas exigencias dirigidas a los beneficiarios de los planes sociales para que actúen en contra de su voluntad”.

Pero hay otra parte de la causa que seguirá investigándose: la que salpica a los funcionarios públicos durante el gobierno de Alberto Fernández. “Si bien la actividad de funcionarios públicos que hubieran sido conniventes con esa administración fraudulenta actuando de forma coordinada con las autoridades del Polo Obrero es parte de la investigación que debe profundizarse, de conformidad con el plexo probatorio reunido hasta el momento, forma parte del contexto general de administración infiel”.

El fallo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens señaló que “la solicitud del acusador público de convocar a indagatoria a los ex integrantes del otrora Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y disponer diversas medidas cautelares” no correspondía “de momento” en busca de “elaborar una teoría del caso razonable que repose sobre una hipótesis convincente que se nutra de evidencias que permitan la formalización de cargos”.

El foco de la fiscalía apunta a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández. Lo acusó de encabezar una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.

Desde el Polo Obrero rechazan el curso de la investigación y el fallo de la Cámara Federal. “Es un golpe contra la libertad de organización y de movilización, a la medida de las necesidades de Patricia Bullrich, Javier Milei y Sandra Pettovello, responsables del desabastecimiento masivo de los comedores populares en todo el país”, dijeron. Según afirmaron, el agravamiento de los delitos busca que los imputados no puedan “salir libres con una probation”. Lo que se busca, señaló la organización, es “amedrentar y golpear una organización cuya característica ha sido estar a la cabeza de la lucha contra el hambre y el ajuste bajo todos los gobiernos del país”.

Fuente infobae