Luego del anuncio realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno oficializó este viernes los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización, una prohibición que se mantenía vigente desde hace 16 años, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la tonelada de chatarra rondaba los 70 dólares.

Con el Decreto 1/2025, el presidente Javier Milei autorizó la comercialización definitiva o temporaria de chatarra y residuos metálicos, los cuales podrán ser utilizados como “insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo” en el Territorio Nacional, el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos.

La liberación de la exportación de chatarra, que podría tener precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada, se entiende como un capítulo de la guerra de Sturzenegger contra Paolo Rocca, el dueño del gigante industrial Techint, pero afecta también a Acindar y a unas 300 pymes metalúrgicas, que emplean a 6.000 personas.

Según cuentan quienes conocen el negocio, la exportación de chatarra funciona como la de carne con la cuota Hilton: al mundo se irán los mejores "residuos" (que en la industria prefieren llamar "insumos") y en el país quedarán los de menor calidad, que no pueden ser procesados en los hornos de las pymes siderúrgicas.

Los principales costos que tiene la industria siderúrgica son el hierro, que se importa desde Brasil; el carbón, con importaciones desde Australia; la energía eléctrica, que es muy competitiva en Argentina, aunque el año pasado crecieron más de 30% las tarifas por encima de la inflación; los salarios, que vienen aumentando en dólares por el atraso cambiario; y los impuestos, que los industriales señalan que son altos.

Para producir acero, Techint podrá recurrir a importaciones de hierro y carbón -un acero con mayores emisiones de dióxido de carbono- para reemplazar la chatarra -que, dada la calidad de sus hornos, puede utilizar una de menor calidad que las fundiciones pymes-, pero para eso necesitará que el Banco Central (BCRA) le preste dólares. Por eso la industria sostiene que la chatarra es un "insumo estratégico".

Sturzenegger justificó los cambios en la importación y exportación de residuos: "La prohibición era nociva"

Previo a la oficialización de la norma, Sturzenegger argumentó los motivos de la decisión que tomó el oficialismo: "Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)", dijo en la red social X.

"En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición", agregó.

El ministro, además, aseveró que la norma beneficiaba a los procesadores de la mencionada chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos.