El gobierno de La Libertad Avanza, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado Diego Spagnuolo, avanza con la auditoría sobre el universo de un millón de beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan.

Hasta la fecha, a 65.230 personas se les suspendió el beneficio por diferentes irregularidades. Otras 8.207 renunciaron a la asignación estatal de forma voluntaria para evitar un posible juicio, ya que no cumplían con los requisitos. Se dieron de baja 6.643 beneficios más porque los titulares habían fallecido, pero un familiar seguía cobrando la transferencia social.

En total, el Estado dejó de abonar 80.080 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Solo esas bajas significan un ahorro de más de 23 mil millones de pesos mensuales, exactamente $23.143.120.000.

El Decreto 842/2024 endureció los requisitos para acceder a estas pensiones. Se creó un nuevo Cuerpo Médico Evaluador, se impuso la reinscripción obligatoria de todos los beneficiarios y se habilitó a la ANDIS a intercambiar datos con otros organismos como ANSES, PAMI y AFIP. Las pensiones podrán ser suspendidas cautelarmente ante sospechas fundadas de fraude.

 Desde el Gobierno aseguran que no se quitará el beneficio a quienes realmente lo necesiten, pero sí se eliminarán los casos otorgados de forma fraudulenta. La medida ha generado controversia, especialmente por el impacto social que podría tener en personas vulnerables que aún no han podido completar el proceso de reinscripción.