Argentina enfrenta una de las peores crisis sanitarias de los últimos años tras confirmarse la muerte de al menos 76 personas por la aplicación de fentanilo contaminado en centros de salud. El potente opiáceo, utilizado como analgésico y anestésico en terapias intensivas, fue distribuido en ampollas infectadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, según confirmó el juez federal Ernesto Kreplak.

La investigación apunta a dos lotes producidos por HLB Pharma Group S.A. y distribuidos por Ramallo S.A., uno de los cuales llegó a aplicarse en más de 45.000 pacientes. El otro fue retirado antes de su uso. La ANMAT inhabilitó a HLB Pharma para operar en el sector sanitario, mientras el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por falsificación de certificados ante el Registro Nacional de Precursores Químicos.

El caso revela un entramado empresarial complejo, con al menos nueve firmas involucradas y 24 personas bajo investigación, incluyendo al empresario Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable. La Justicia ordenó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los sospechosos, mientras se intenta rastrear las ampollas aún no identificadas.

El escándalo también encendió las alarmas internacionales. La DEA incluyó a Argentina en su último reporte sobre vulnerabilidades en el control de opioides, señalando zonas francas como Tierra del Fuego y advirtiendo sobre el riesgo de contrabando y lavado de activos vinculados al tráfico de fentanilo.

Aunque el fentanilo en circulación actualmente está libre de contaminación, el episodio dejó en evidencia la falta de trazabilidad en el sistema de salud argentino. No existe un mecanismo riguroso para seguir el recorrido de medicamentos desde su producción hasta su aplicación, lo que dificulta la identificación de víctimas y la prevención de nuevos casos.

La tragedia, que comenzó con 14 muertes en el Hospital Italiano de La Plata, podría superar las 100 víctimas, según estimaciones judiciales. En medio del dolor de las familias, el país enfrenta el desafío de reformar sus controles sanitarios y garantizar que nunca más un medicamento se convierta en una sentencia de muerte.