La madrugada del jueves comenzó con un cimbronazo político: el presidente Javier Milei ordenó la remoción de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios que lo implican en un presunto esquema de corrupción. En las grabaciones, Spagnuolo denuncia maniobras ilegales en la contratación de servicios médicos y farmacéuticos, señalando directamente a Martín Menem y Karina Milei como beneficiarios de pagos irregulares.

Según los audios difundidos por el periodista Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval, operadores de ANDIS exigían dinero a empresas proveedoras para garantizarles contratos con el Estado. Spagnuolo describe un sistema paralelo de recaudación que generaba entre 20 y 30 mil dólares mensuales, con porcentajes que supuestamente llegaban hasta el entorno presidencial. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco”, se lo escucha decir en uno de los fragmentos.

La Vocería Presidencial emitió un comunicado en el que calificó la decisión como “preventiva”, en medio de lo que consideró una “evidente utilización política de la oposición en año electoral”. Además, se anunció que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la agencia para “garantizar su normal y correcto funcionamiento”.

La oposición reaccionó con pedidos de interpelación y denuncias en la Cámara de Diputados, mientras que el fiscal Franco Picardi abrió una investigación judicial para determinar la veracidad de las acusaciones. En paralelo, también fue destituido Daniel Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, otro funcionario mencionado en los audios.

El caso sacude al Gobierno en un momento delicado, con la emergencia en discapacidad aún sin resolución y una creciente presión social por la transparencia en el manejo de fondos públicos. La figura de Spagnuolo, abogado de confianza de Milei, se convierte en el epicentro de un escándalo que podría escalar hasta los más altos niveles del poder.