En una sesión cargada de tensión política y expectativa social, el Senado argentino aprobó por amplia mayoría la ley de financiamiento universitario, una iniciativa que busca recomponer los recursos del sistema de educación superior tras meses de recortes y protestas. El proyecto recibió 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y fue celebrado por rectores, docentes y estudiantes como un triunfo de la educación pública.

La ley establece que el presupuesto universitario se elevará al 1% del PBI, con actualizaciones bimestrales según la inflación. Además, contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, y obliga al gobierno a convocar paritarias mensuales. También se asignarán fondos especiales para la creación de carreras estratégicas y el fortalecimiento de hospitales universitarios, ciencia y técnica, y programas de extensión.

El proyecto fue redactado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y contó con el respaldo de Unión por la Patria, la UCR, parte del PRO y bloques provinciales. La votación reflejó una fractura dentro del oficialismo, con algunos senadores desmarcándose de la línea libertaria para apoyar la iniciativa.

Desde el Ejecutivo, el presidente Javier Milei ya había anunciado su intención de vetar la norma, argumentando que compromete el equilibrio fiscal. Sin embargo, la contundencia del respaldo legislativo y la presión social podrían dificultar esa decisión.

La aprobación de esta ley marca un punto de inflexión en el conflicto entre el gobierno y el sistema universitario. Tras meses de movilizaciones masivas, apagones académicos y reclamos por falta de fondos, la comunidad educativa celebra una conquista que garantiza el funcionamiento de las universidades públicas y la continuidad de miles de proyectos de investigación y formación.

En palabras de un rector presente en el recinto: “Hoy ganó la educación, ganó el país. Esta ley no es un gasto, es una inversión en el futuro de todos los argentinos.”