El Gobierno nacional oficializó esta semana el inicio del proceso de privatización de rutas nacionales, con la apertura de sobres prevista para el 8 de octubre. La primera etapa contempla la concesión de 741 kilómetros en los corredores Oriental y Conexión, que incluyen las rutas 12, 14, 135, A-015, 117 y 174. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”.

La medida forma parte de la Red Federal de Concesiones, que en sus etapas 2 y 3 sumará otros 8.384 kilómetros a licitación nacional e internacional. El esquema prevé que las empresas adjudicatarias se encarguen de la construcción, mantenimiento y explotación de los tramos, financiándose a través del cobro de peajes. La plataforma digital Contrat.ar será el canal oficial para la presentación de ofertas y publicación de pliegos.

Entre las rutas incluidas en esta primera fase se encuentran corredores clave para el comercio y el turismo, como el puente Rosario–Victoria (RN 174), el acceso a Salto Grande (A-015) y el cruce internacional con Uruguay por la RN 135. También se suman tramos que conectan con Brasil, como la RN 117 en Corrientes. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.

El anuncio generó reacciones dispares. Mientras sectores empresariales celebran la apertura al capital privado, gremios del transporte y organizaciones territoriales advierten sobre el impacto en el bolsillo de los usuarios y la pérdida de control estatal sobre infraestructura crítica. En provincias como Entre Ríos y Corrientes, donde se concentran varios de los tramos licitados, ya se organizan reuniones para evaluar el alcance del proyecto.

Con este paso, el Gobierno profundiza su estrategia de desestatización en áreas clave, en línea con la Ley Bases y el decreto que habilitó la disolución de Corredores Viales S.A. El desafío será garantizar que la eficiencia prometida no se traduzca en exclusión territorial ni en un sistema de peajes que encarezca la conectividad en regiones que dependen de estas rutas para su desarrollo económico y social.