La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó una decisión que sacude el Senado: exigió que todos los senadores –sean reelectos o no– entreguen sus despachos, muebles, computadoras, teléfonos y demás equipamiento antes del recambio que se producirá en diciembre. Con ello, desactivó lo que muchos consideran una “herencia de poder” que queda para los legisladores salientes, un reconocimiento simbólico y real de los espacios y bienes adquiridos durante el mandato que hasta ahora se transferían automáticamente.

Más que un simple ajuste logístico, la medida fue leída como una fuerte señal política: no solo implica un recorte de privilegios, sino también un modo de demostrar control y renovación desde la cúpula del Senado. Villarruel avanzó con un decreto que habilita a la Dirección General de Administración para relevar oficinas, bloques políticos y asesores, tanto en el Palacio Legislativo como en los edificios anexos, lo que revela que la acción será integral.

El retiro de estos beneficios no solo afectará a los legisladores salientes que pensaban conservar los espacios como símbolo de poder, sino también al personal que trabaja con ellos. Se incluyen tarjetas de comedor, computadoras y elementos que hasta ahora quedaban asignados automáticamente, generando roces y críticas entre quienes consideran que se trata de una medida de austeridad necesaria y quienes la ven como una maniobra política de desgaste.

Este movimiento se inscribe en un momento de alta conflictividad política, en el que cada decisión en el Senado tiene peso electoral y simbólico. La medida de Villarruel podría generar resistencias internas, pero al mismo tiempo le otorga una imagen de firmeza al oficialismo en términos de control institucional y de ruptura con el viejo estilo parlamentario.