El Fondo Monetario Internacional le marcó un límite al gobierno de Javier Milei: el Presupuesto 2026 debe ser aprobado por el Congreso. Tras dos años sin una “ley de leyes” sancionada, el organismo internacional reclamó respaldo político para el programa económico libertario. La advertencia llegó en el último staff report y fue confirmada por fuentes cercanas al Fondo. La intención es evitar que el Ejecutivo continúe prorrogando presupuestos por decreto, como ocurrió en 2024 y 2025.

La exigencia del FMI responde a una lógica institucional: sin ley de Presupuesto, el programa fiscal carece de legitimidad parlamentaria. Además, el organismo busca blindar el acuerdo renegociado en abril y garantizar que las metas de superávit primario, baja de inflación y reforma tributaria tengan respaldo político. En ese marco, el Presupuesto 2026 se convierte en una prueba de fuego para la capacidad de negociación del oficialismo, que enfrenta una oposición fortalecida tras las elecciones provinciales.

El proyecto presentado por Milei incluye metas ambiciosas: superávit primario del 2,2% del PBI, inflación del 10% y crecimiento económico del 3%. Pero los analistas advierten que esas cifras son difíciles de compatibilizar sin nuevos ingresos o recortes más profundos. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que el ajuste recaerá sobre subsidios al transporte, transferencias a provincias y empresas públicas, mientras se proyectan aumentos en jubilaciones, asistencia social y gasto de capital.

En paralelo, el Gobierno enfrenta tensiones con los gobernadores, que reclaman mayor participación en la discusión presupuestaria. El mensaje del FMI también apunta a ellos: sin consenso territorial, el plan económico pierde sustentabilidad. Por eso, Milei deberá abrir canales de diálogo con los bloques legislativos y los mandatarios provinciales si quiere cumplir con la exigencia del Fondo y evitar un nuevo conflicto institucional.

La presentación del Presupuesto en tiempo y forma fue una señal hacia los mercados, pero ahora comienza la etapa más compleja: lograr su aprobación. El FMI no solo pide números ordenados, también exige gobernabilidad. Y en ese terreno, el oficialismo deberá demostrar que puede construir acuerdos, algo que hasta ahora ha sido su mayor debilidad.