El presidente Javier Milei oficializó la eliminación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un mecanismo que garantizaba el 0,8% de los ingresos corrientes para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. La medida, incluida en el Presupuesto 2026, implica un recorte estructural que deja a las fuerzas sin financiamiento asegurado y las obliga a depender de donaciones privadas o financiamiento externo.

La decisión llega en un momento crítico: la Fuerza Aérea Argentina se encuentra en pleno proceso de incorporación de los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca. Sin el respaldo presupuestario del FONDEF, la operación de estas aeronaves se ve comprometida. Expertos advierten que hay dudas sobre el pago completo de los aviones y sobre cómo se sostendrán los costos de combustible, mantenimiento y entrenamiento.

Además del impacto en los F-16, el ajuste afecta a todo el sistema de Defensa. Se cancelaron $600 millones destinados a infraestructura para recibir los nuevos cazas, y se recortaron más de $3.000 millones en alistamiento militar. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, redirige fondos hacia la obra social militar, que atraviesa una crisis con tratamientos oncológicos sin cobertura y miles de efectivos buscando empleos adicionales para subsistir.

La medida generó fuerte malestar en las Fuerzas Armadas y entre especialistas en seguridad nacional. El analista Sergio Eissa comparó la situación con el colapso de la flota A4AR en 2001, cuando la falta de presupuesto dejó a los aviones en tierra. “Hoy la pregunta es la misma: ¿cómo sostener la logística para que los F-16 puedan despegar?”.

En paralelo, el Gobierno también anunció la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales Atucha y Embalse, lo que refuerza la percepción de un desmantelamiento de activos estratégicos. Para muchos, el recorte en Defensa no es solo un ajuste económico, sino una redefinición profunda del rol del Estado en áreas clave para la soberanía nacional.