La relación entre el gobierno de Javier Milei y distintos sectores institucionales entró en una fase crítica. Legisladores de la oposición, autoridades universitarias y gobernadores provinciales comenzaron a coordinar una serie de denuncias judiciales contra el Ejecutivo nacional si no se aplican las leyes recientemente sancionadas que garantizan el financiamiento de las universidades públicas, el Hospital Garrahan y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias.

El reclamo se centra en tres leyes aprobadas por amplia mayoría en el Congreso:

• La que establece un presupuesto mínimo para las universidades nacionales,
• La que garantiza el financiamiento integral del Hospital Garrahan,
• Y la que obliga al Ejecutivo a distribuir los ATN de manera equitativa entre las provincias.

Según fuentes parlamentarias, el gobierno aún no giró los fondos correspondientes ni reglamentó las leyes, lo que podría constituir un incumplimiento constitucional. “Si Milei no aplica lo que votó el Congreso, está violando el principio de división de poderes”, advirtió un senador del bloque federal.

Desde el sistema universitario, rectores de distintas casas de estudio —incluidas la UBA, la UNLP y la UNSAM— alertaron que sin los fondos aprobados, la continuidad académica y el funcionamiento institucional están en riesgo. En paralelo, autoridades del Hospital Garrahan denunciaron que el retraso en los envíos afecta la atención pediátrica de alta complejidad que brinda el centro a todo el país.

Los gobernadores, por su parte, reclaman los ATN como herramienta clave para sostener servicios básicos en sus distritos. En especial, los mandatarios del norte y del conurbano bonaerense advierten que la falta de recursos podría paralizar obras, afectar salarios y profundizar la crisis social.

El escenario anticipa una ola de presentaciones judiciales, que incluiría amparos, medidas cautelares y pedidos de intervención de la Corte Suprema. También se evalúa activar mecanismos institucionales como la Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo y el Consejo Interuniversitario Nacional.

En definitiva, el conflicto por la aplicación de estas leyes se convirtió en un nuevo frente de batalla entre el Ejecutivo y el Congreso, con impacto directo en la educación, la salud y la gobernabilidad provincial. Si Milei decide no aplicar las normas votadas, no solo enfrentará una ofensiva judicial, sino también una reacción política transversal que podría alterar el equilibrio institucional en los próximos meses.