La relación entre el gobierno nacional y el municipio de Bahía Blanca sumó un nuevo capítulo de tensión. Semanas después de haber reducido a la mitad los recursos prometidos para la reconstrucción tras el trágico temporal de marzo, la administración de Javier Milei formalizó un convenio por el cual cobra un alquiler millonario por el uso de dos puentes de emergencia instalados por el Ejército en zonas afectadas por el colapso de infraestructura.

Según se publicó en el Boletín Oficial Municipal, la comuna deberá abonar más de 43 millones de pesos cada tres meses, incluyendo el seguro, por la utilización de los puentes modulares Bailey que fueron colocados para restablecer la conectividad en sectores clave de la ciudad, especialmente sobre el arroyo Maldonado.

La medida generó bronca y desconcierto en Bahía Blanca, donde se esperaba que el gobierno nacional cediera las estructuras como parte de la asistencia post-catástrofe. En cambio, se formalizó un esquema de alquiler que, para muchos, profundiza la desatención estatal frente a una emergencia que dejó 13 muertos y daños estructurales graves.

Desde el municipio, si bien se reconoció la necesidad de mantener los puentes operativos, se cuestionó el modelo de facturación por parte del Estado nacional, que no incluyó las obras en el presupuesto ni ofreció alternativas de financiamiento. La decisión también fue criticada por sectores políticos y sociales que ven en el cobro una señal de desvinculación del gobierno central con las urgencias territoriales.

El caso pone en evidencia una tensión más amplia entre autonomía municipal y asistencia federal, en un contexto donde los desastres naturales requieren respuestas coordinadas y solidarias. En Bahía Blanca, el reclamo es claro: no se puede cobrar por salvar vidas y garantizar conectividad en medio de una emergencia.