Miguel Ángel Calvete volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política. La Justicia lo investiga como uno de los operadores clave en el entramado de corrupción que habría funcionado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la gestión de Diego Spagnuolo.

El fiscal Franco Picardi lo señaló como un “conector” entre la agencia y el sector privado vinculado a la salud, encargado de gestionar pagos indebidos y direccionar contratos. Su nombre aparece vinculado a firmas como INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A., que habrían recibido beneficios directos gracias a su intervención.

Calvete, de 60 años, fue citado a declarar en Comodoro Py, pero decidió no responder preguntas. Su negativa refuerza las sospechas sobre su rol en la trama, que también involucra a su hija Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía, en cuyo domicilio se encontraron 700 mil dólares en efectivo.

El perfil de Calvete es tan extenso como polémico. Fue vocero de la cámara de supermercados chinos, concejal de Cambiemos en La Matanza y protagonista de episodios mediáticos que lo mostraban como un operador con llegada a distintos sectores. Sin embargo, también carga con una condena de cuatro años de prisión por explotación económica de la prostitución ajena, lo que lo vincula directamente con causas de proxenetismo.

Su trayectoria política y empresarial lo convirtió en un personaje conocido en el conurbano bonaerense, pero ahora enfrenta un proceso judicial que podría marcar un quiebre definitivo. La causa ANDIS, que investiga sobornos, sobreprecios y lavado de dinero, lo tiene como uno de los principales apuntados.

El caso abre un nuevo frente de tensión para el gobierno y expone cómo figuras con pasado político y empresarial se insertan en entramados de corrupción vinculados a organismos públicos. El silencio de Calvete en tribunales no hizo más que aumentar las dudas sobre su responsabilidad en el esquema.