La crisis yerbatera se profundizó en Misiones tras la decisión de más de un centenar de productores de suspender la zafra de verano, prevista para diciembre. La medida fue tomada en asamblea en Campo Grande como respuesta al decreto firmado por el presidente Javier Milei, que desregula el mercado y le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios y cupos.

Los productores sostienen que la desregulación deja a la actividad en un escenario de quebranto masivo, ya que los valores actuales rondan los $285 por kilo, mientras que los costos de producción superan los $425. Además, denuncian que los pagos se realizan con cheques diferidos a 60, 90 y hasta 120 días, lo que agrava la situación financiera de los pequeños y medianos productores.

El decreto 812/25 establece que el INYM no podrá intervenir en la cadena de producción ni fijar precios de referencia, lo que, según los yerbateros, favorece la concentración del mercado en manos de grandes molinos que ya controlan más del 60% de las operaciones.

“Sin INYM no hay zafriña”, advirtieron los productores, quienes consideran que la medida es un “certificado de defunción” para miles de familias que dependen de la actividad. La suspensión de la cosecha busca presionar al Gobierno nacional y a las empresas para mejorar los valores de la hoja verde.

La decisión generó un clima de tensión en la provincia, donde la yerba mate es uno de los principales motores económicos y sociales. Los yerbateros anticiparon que podrían extremar medidas de protesta si no se revisa la política de desregulación.

El conflicto abre un nuevo frente político y económico para el Gobierno, que enfrenta críticas por el impacto de sus medidas en sectores productivos regionales. En Misiones, la suspensión de la zafra de verano se interpreta como un gesto de resistencia frente a un modelo que, según los productores, amenaza la sustentabilidad de la economía local.