Al expresidente Alberto Fernández le siguen llegando malas noticias en el marco de la causa Seguros, que lo tiene procesado por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Este lunes trascendió que la empresa Bachellier S.A, propiedad de su amigo personal Héctor Martínez Sosa, percibió más de 1.600 millones de pesos en contratos de pólizas emitidas a organismos públicos, pese a declarar como sede una vivienda prácticamente abandonada en el barrio porteño de Villa Crespo.

El juez federal Sebastián Casanello, a quien Fernández intentó recusar sin éxito en varias oportunidades, constató que el domicilio declarado por Martínez Sosa era “absolutamente incompatible con la gestión de una empresa que percibió comisiones millonarias”. La Policía Federal verificó que en la dirección de Juan B. Justo 2444 no había empleados ni actividad comercial, solo paredes descascaradas y abandono.

La semana pasada, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández y de Martínez Sosa, junto a su esposa y entonces secretaria privada del mandatario, María Cantero, y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, entre otros. El fallo, firmado por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, consideró probado un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” mediante el direccionamiento irregular de pólizas contratadas por organismos estatales entre 2019 y 2023.

Según el expediente, desde la asunción de Fernández, Martínez Sosa percibió el 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de pólizas emitidas a entes públicos. La Justicia destacó además la existencia de una relación personal y comercial entre ambos, que incluía financiamiento de gastos, obsequios y deudas periódicamente renovadas.

El tribunal dispuso embargos por más de 14.600 millones de pesos y extendió el procesamiento a otros implicados, como Osvaldo Alfredo Tortora, Agustín Beraldi, Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de Cantero, se sumó el cargo de incumplimiento de deberes de funcionaria pública.

La Cámara advirtió que “nada obsta a que del devenir de la investigación surja una participación más grave”, dejando abierta la posibilidad de que el expediente avance hacia imputaciones más severas. En términos políticos, el caso golpea de lleno la figura de Fernández y reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión estatal de seguros, un terreno donde la Justicia detecta vínculos personales, negocios millonarios y un esquema de poder que hoy se encuentra bajo la lupa.