La relación entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional atraviesa un momento de fricción, pero desde la Casa Rosada buscaron despejar rumores de intervención. “Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”, afirmó Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), en diálogo con Radio Rivadavia. El funcionario remarcó que ni el Ministerio de Justicia ni la IGJ evalúan recomendar una medida de ese tipo.

Vitolo explicó que la AFA continúa bajo supervisión de su organismo porque aún no completó los trámites legales para mudar su sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires. La asamblea que resolvió trasladarla a la provincia carece de validez hasta que se reforme el estatuto y se obtenga la aprobación de la IGJ. Además, advirtió que la entidad que preside Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares”, lo que mantiene abierta la lupa sobre su administración.

En paralelo, el Gobierno busca marcar distancia de cualquier intento de intervención directa, pero deja claro que la AFA deberá cumplir con las normas estatutarias y contables vigentes. El mensaje apunta a bajar la tensión política sin dejar de ejercer control institucional sobre el máximo organismo del fútbol argentino.

La aclaración oficial busca desactivar versiones que circulaban en el mundo político y deportivo sobre una eventual intervención, luego de que la IGJ intensificara sus observaciones a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. En la Casa Rosada entienden que cualquier medida de ese tipo podría abrir un conflicto institucional con la FIFA, que históricamente rechaza la injerencia de los gobiernos en las federaciones nacionales. Por eso, el mensaje apunta a despejar dudas y evitar un choque que podría tener consecuencias internacionales para el fútbol argentino.

Al mismo tiempo, la advertencia sobre los gastos millonarios y la falta de adecuación estatutaria mantiene a la AFA bajo presión. El Gobierno intenta equilibrar su rol de contralor con la necesidad de no aparecer como un actor que busca desestabilizar a la dirigencia deportiva. En ese marco, la estrategia oficial parece ser marcar límites claros en materia de transparencia y legalidad, sin avanzar en medidas drásticas que puedan interpretarse como una intervención política directa.