En diciembre de 2025, el gobierno oficializó la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que dependerá directamente del Ministerio de Economía y quedará bajo la influencia de Santiago Caputo, el principal operador político del oficialismo. La medida marca un cambio de rumbo en la conducción de un área sensible, con impacto en la matriz energética y en la proyección internacional de la Argentina.

El nuevo secretario es Federico Ramos Nápoli, abogado de 30 años y ex titular de Dioxitek, empresa estatal dedicada a la producción de uranio. Su designación responde a la confianza política de Caputo y desplaza a Demian Reidel, quien hasta entonces presidía Nucleoeléctrica Argentina. Con este movimiento, el área nuclear pasa de un esquema técnico a uno de control político más directo.

La política nuclear argentina tiene una trayectoria reconocida: desde la construcción de las centrales Atucha y Embalse hasta el desarrollo de reactores de investigación y exportación de tecnología. La conducción política de este espacio implica administrar un legado de prestigio internacional y, al mismo tiempo, enfrentar desafíos como la modernización de las plantas y la definición de nuevas inversiones.

La decisión generó debate en distintos sectores. Para algunos, la centralización en manos de Caputo puede garantizar mayor coordinación con el gabinete y acelerar decisiones en un contexto de crisis energética. Para otros, implica un riesgo de politización excesiva y pérdida de autonomía técnica en un área donde la seguridad y la planificación de largo plazo son fundamentales.

El control del área nuclear también abre interrogantes sobre el futuro de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares. El gobierno evalúa incluso su privatización, lo que reforzaría el rol del Estado como regulador más que como actor directo en la producción.

La consolidación de Caputo en este sector refleja una tendencia más amplia: la creciente centralización de decisiones estratégicas en manos de un reducido grupo de dirigentes cercanos al oficialismo. El desenlace marcará no solo el rumbo del sector energético, sino también la capacidad del Estado argentino para sostener políticas públicas en ámbitos de alta complejidad tecnológica.