El gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso su proyecto de reforma laboral, una iniciativa que apunta a modificar de manera profunda el régimen de trabajo en la Argentina. La propuesta incluye la reducción de indemnizaciones por despido, la baja de aportes patronales y la flexibilización de las modalidades de contratación, además de cambios en el ejercicio del derecho a huelga. 

La Casa Rosada busca obtener media sanción en el Senado antes de fin de año y avanzar hacia la aprobación definitiva en 2026. El proyecto se enmarca en la estrategia de “modernización laboral” que el Presidente considera indispensable para dinamizar el mercado de empleo y atraer inversiones. Entre los puntos más polémicos figura la exclusión del aguinaldo, vacaciones y premios del cálculo indemnizatorio, lo que reduciría significativamente las compensaciones por despido.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reaccionó con dureza y anticipó un rechazo frontal. La central obrera convocó a su Consejo Directivo para definir una postura unificada y advirtió que la iniciativa constituye una ofensiva contra los derechos de los trabajadores. “No hubo diálogo con el Ejecutivo y se pretende imponer un modelo regresivo”, señalaron dirigentes sindicales, que evalúan medidas de fuerza y eventuales planteos judiciales.

En paralelo, bloques opositores como Unión por la Patria y referentes del kirchnerismo también manifestaron su rechazo. Legisladores advirtieron que el proyecto podría ser cuestionado ante la Corte Suprema por vulnerar principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo. La discusión promete tensar el escenario político y abrir un nuevo capítulo de confrontación entre oficialismo y oposición.

El oficialismo, por su parte, defiende la reforma como un paso necesario para “liberar las fuerzas productivas” y reducir costos laborales que, según Milei, frenan la competitividad. Voceros del Gobierno aseguran que la normativa no tendrá aplicación retroactiva y que busca generar condiciones para nuevas contrataciones, aunque persisten dudas sobre su alcance y sobre qué sectores se verán más afectados.

La reforma laboral se convierte así en uno de los debates más sensibles del cierre de 2025. Con gremios en alerta, bloques opositores movilizados y un oficialismo decidido a avanzar, el Congreso será escenario de una pulseada que definirá el rumbo de las relaciones laborales en la Argentina. El desenlace marcará no solo el futuro de millones de trabajadores, sino también la capacidad del Gobierno de Milei para imponer su agenda de cambios estructurales.