El término ecocidio refiere a la destrucción masiva del ambiente, ya sea por acción directa o negligencia. En el plano internacional, se debate como un crimen contra la naturaleza, equiparable en gravedad a delitos de lesa humanidad. En Argentina, aún no está tipificado, pero el proyecto de Torres pretende darle rango legal y convertirlo en una herramienta de protección ambiental.

La propuesta establece que los responsables de incendios intencionales enfrenten penas proporcionales al daño causado. “Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, sostuvo Torres en declaraciones públicas, marcando la necesidad de sanciones ejemplares para desalentar estas prácticas.

El contexto es crítico: la Patagonia sufre una emergencia ambiental con focos activos en varias provincias. Los incendios forestales, muchas veces vinculados a especulación inmobiliaria o económica, han generado pérdidas de biodiversidad, afectado comunidades y puesto en riesgo economías regionales. El proyecto busca dar respuesta a esta problemática con un marco jurídico más severo.

Entre los argumentos a favor, se destaca la proporcionalidad del castigo y la prevención de futuros delitos. Sin embargo, algunos juristas advierten que tipificar el ecocidio requiere definiciones claras para evitar arbitrariedades y que debe coordinarse con las leyes ambientales ya vigentes. También se plantea el desafío de garantizar la aplicación efectiva de las penas en un sistema judicial sobrecargado.

El proyecto ya fue presentado en el Senado y cuenta con respaldo de gobernadores patagónicos. De aprobarse, Argentina se convertiría en uno de los primeros países de la región en reconocer el ecocidio como delito penal. La discusión promete instalarse como uno de los grandes debates ambientales y jurídicos de 2026.