La causa que involucra al Polo Obrero y a empresas “pantalla” utilizadas para emitir facturas apócrifas al Estado sigue avanzando en los tribunales federales. El juez Sebastián Casanello decidió enviar a juicio a los responsables de estas maniobras, entre ellos Leonardo Kebleris, señalado por la creación de Coxtex S.A., una firma que facturó más de 5 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan Potenciar Trabajo.
Kebleris había intentado evitar el juicio ofreciendo un acuerdo de reparación integral por más de 87 millones de pesos. Sin embargo, Casanello rechazó la propuesta al considerar que los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante un acuerdo privado, sino que deben ser juzgados en un debate oral.
La investigación sostiene que Coxtex S.A. y otras firmas no tenían actividad comercial real y fueron utilizadas como vehículos para justificar gastos inexistentes. El objetivo habría sido desviar fondos públicos destinados a programas sociales, generando un perjuicio directo al Estado y a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
En este contexto, resulta clave remarcar que el Polo Obrero es una asociación civil sin fines de lucro, y no un partido político. De esta manera, la denominación correcta es asociación civil el Polo Obrero, lo que marca su carácter institucional y comunitario. Esta aclaración busca diferenciar la naturaleza jurídica de la organización de las acusaciones que recaen sobre personas vinculadas a la causa.
El caso genera un fuerte impacto político y social, ya que pone bajo la lupa el manejo de fondos destinados a la asistencia de los sectores más vulnerables. La Justicia intenta establecer responsabilidades individuales y separar la actuación de dirigentes concretos de la identidad de la asociación civil, que insiste en su rol social y comunitario.
Con el rechazo al acuerdo de reparación, la causa se encamina hacia el juicio oral. Allí se definirá la responsabilidad de Kebleris y otros acusados en el armado de las empresas “pantalla”.