El Ministerio de Economía, encabezado por Luis “Toto” Caputo, confirmó la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte. Aunque el funcionario alegó “motivos personales”, su renuncia se produjo inmediatamente después de que trascendiera una denuncia penal contra la empresa La Nueva Metropol, acusada de defraudar al Estado mediante la alteración de datos técnicos del sistema SUBE.

La maniobra habría consistido en inflar recorridos y boletos de pasajeros para cobrar subsidios más altos de los que correspondían. Según estimaciones oficiales, el fraude alcanzaría los 30 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 3 mil millones mensuales durante la gestión de Pierrini.

Fuentes del Gobierno señalaron que Pierrini no tomó medidas frente a las irregularidades detectadas, lo que precipitó su salida. Caputo agradeció públicamente su labor, pero la decisión de apartarlo fue interpretada como un intento de marcar distancia frente al escándalo y preservar la credibilidad de la gestión económica.

La denuncia fue presentada por la Asociación Arco Social, que aportó pruebas sobre la manipulación de los datos de la SUBE. Desde La Nueva Metropol, en tanto, negaron las acusaciones y apuntaron contra el Grupo Dota, que controla gran parte del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El caso ya está en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades tanto empresariales como administrativas. La oposición reclamó explicaciones sobre el control de los subsidios y pidió que se investigue si hubo complicidad de funcionarios.

En paralelo, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte, con el objetivo de recomponer la gestión y garantizar mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos.

La salida de Pierrini marca un golpe político para el área de Transporte y expone la fragilidad del sistema de subsidios, que mueve miles de millones de pesos mensuales. El caso de La Nueva Metropol podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector en los últimos años, y abre un debate sobre la necesidad de auditorías más estrictas en el sistema SUBE y en la distribución de fondos al transporte público.