El desplazamiento de Demián Reidel de la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) no es solo una baja sensible en el círculo de asesores de Javier Milei; es la apertura de una caja de Pandora que salpica directamente a Mauricio Macri. La controversia se disparó tras la licitación del servicio de limpieza para las centrales nucleares Atucha I y II, donde la empresa LX Argentina S.A. resultó beneficiada con una oferta que, según auditorías internas, implicaba un sobreprecio del 140% respecto a los valores históricos del mercado. El escándalo, que ya forzó la renuncia de dos directores cercanos al economista, dejó al descubierto una trama de favores que cruza la gestión libertaria con el histórico "modelo de negocios" porteño.

LX Argentina no es un nombre nuevo en los pasillos del poder. La firma, propiedad de Gerardo y Lucía Bonetto, es señalada por fuentes del sector como una pieza clave en el esquema de recaudación política. Sus vínculos con el macrismo son estructurales: en 2016 y 2019, sus dueños figuraron como aportantes de campaña del PRO, y en el ámbito empresario se la vincula estrechamente con Nicolás “Nicky” Caputo, el “hermano del alma” del expresidente. Esta conexión se materializó durante años en la Ciudad de Buenos Aires a través de la formación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) con SES S.A., la constructora insignia de Caputo, para gestionar servicios en lugares emblemáticos como el Teatro Colón.

A pesar del discurso de "ajuste y transparencia" que emana de la Casa Rosada, los contratos de LX Argentina con el Estado siguen floreciendo, especialmente en territorio porteño. Bajo la actual gestión de Jorge Macri, la empresa mantiene acuerdos multimillonarios que incluyen la limpieza del Metrobus, el mantenimiento del Ecoparque (ex Zoológico de Palermo) por un monto de 6.700 millones de pesos, y recientemente la estación Piedras de la Línea A de subte. La recurrencia de la firma en las licitaciones de la Ciudad, muchas veces como única oferente o bajo pliegos diseñados "a medida", refuerza la sospecha de que se trata de un proveedor protegido por la estructura política del PRO.

El caso de Atucha fue el límite. La maniobra en la central nuclear fue tan grosera —pasando de un presupuesto de 600.000 dólares a uno proyectado de casi 7 millones de dólares— que generó una rebelión interna en Nucleoeléctrica. El propio sindicato ATE y gerentes de carrera de la planta denunciaron que se modificaron los requisitos técnicos a mitad del proceso para beneficiar a LX, dejando fuera a competidores con mayor experiencia en entornos de riesgo radiológico. El silencio de Reidel ante estas irregularidades terminó por dinamitar su permanencia en el cargo, justo cuando el Gobierno intentaba presentar a la empresa estatal como una joya lista para la privatización.

La caída de Reidel y la exposición de LX Argentina ponen en jaque el relato de la "lucha contra la casta". La aparición de empresas "amigas" del macrismo manejando cajas millonarias en sectores estratégicos del Gobierno libertario revela una continuidad de nombres y métodos que incomoda a las bases de La Libertad Avanza. Mientras la Justicia comienza a poner la lupa sobre los expedientes de Atucha, en la Ciudad de Buenos Aires el oficialismo sigue bajo presión para explicar por qué una empresa señalada por sobreprecios en el sector nuclear sigue siendo la encargada de limpiar los espacios públicos más costosos de la Capital.