El Gobierno de Javier Milei anotó ayer una victoria política de alto impacto que promete reconfigurar el mapa de las relaciones del trabajo en Argentina. Tras intensas negociaciones y una presión que se mantuvo hasta el último minuto, el Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma laboral, un proyecto que el sindicalismo tradicional, encabezado por la CGT, intentó "desflecar" sin éxito durante las comisiones previas.

La estrategia de la central obrera, que apostaba a diluir los artículos más polémicos mediante el lobby con los senadores de las provincias, se chocó contra un bloque oficialista y una oposición dialoguista que priorizaron la flexibilización de las normas actuales. Entre los puntos que más duelen en el edificio de la calle Azopardo se encuentran la extensión de los períodos de prueba, la creación de fondos de cese laboral (inspirados en el modelo de la UOCRA) para reemplazar las indemnizaciones tradicionales y, fundamentalmente, la limitación de las cuotas solidarias, el corazón del financiamiento sindical.

Desde el entorno de la CGT no ocultaron su malestar. "Es un ataque directo al modelo sindical que garantizó la paz social durante décadas", lanzaron voceros cercanos a la cúpula, mientras ya se baraja la posibilidad de un nuevo paro general para presionar sobre el próximo paso legislativo. Sin embargo, en los pasillos del Congreso se leyó el resultado como una pérdida de músculo político de los gremios ante una sociedad que demanda cambios en las leyes laborales.

El debate no estuvo exento de momentos de máxima tensión. Mientras dentro del recinto se discutían los tecnicismos de la "modernización laboral", en las afueras las columnas sindicales se hicieron sentir, aunque con menos volumen del esperado por los organizadores. El oficialismo logró mantener la cohesión de sus aliados, argumentando que estas medidas son la "única salida" para formalizar a los millones de trabajadores que hoy están en la informalidad absoluta.

Ahora, el ring se traslada a la Cámara de Diputados. Allí, el Gobierno confía en ratificar lo aprobado en la Cámara Alta, mientras que el kirchnerismo y las centrales obreras buscarán rearmar sus filas para intentar frenar la ley o, al menos, introducir modificaciones que devuelvan poder a los gremios. Con la media sanción en el bolsillo, el Ejecutivo siente que tiene la iniciativa, pero la batalla por la reforma definitiva recién empieza y promete ser voto a voto.