En una sesión que reabre uno de los debates más profundos de la agenda de seguridad y derechos humanos en Argentina, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. El punto central, y el más controvertido, es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, una medida impulsada fuertemente por el Poder Ejecutivo y respaldada por un amplio arco político.

La votación resultó en un triunfo contundente para el oficialismo: 149 votos positivos. El número se alcanzó gracias a una alianza estratégica entre La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el MID, Provincias Unidas y otros bloques provinciales que acompañaron el dictamen de mayoría. En la vereda opuesta, el rechazo estuvo encabezado por Unión por la Patria y la Izquierda, quienes denunciaron que la medida no resuelve las causas estructurales del delito juvenil.

Los puntos clave del nuevo Régimen:

• Edad de imputabilidad: Los menores de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados y condenados por delitos tipificados en el Código Penal.

• Penas diferenciadas: El proyecto establece que las condenas para menores no podrán ser iguales a las de los adultos, buscando un equilibrio entre la sanción y la reinserción social.

• Centros especializados: Se contempla la creación de establecimientos de detención específicos para menores, evitando el contacto con la población carcelaria adulta.

• Acompañamiento: El texto incluye programas de educación y capacitación obligatoria durante el cumplimiento de la pena.

El debate en el recinto fue intenso. Desde el oficialismo y el PRO argumentaron que "la impunidad no puede ser la respuesta del Estado ante delitos graves cometidos por menores", señalando que la ley actual, que data de 1980, quedó "totalmente desfasada de la realidad criminal actual". Por su parte, los sectores que votaron en contra alertaron sobre la posible violación de tratados internacionales y la falta de presupuesto para los institutos de menores.

Con la media sanción en el bolsillo, el Gobierno espera que el Senado le dé un tratamiento rápido para convertir la reforma en ley antes del cierre del período legislativo. De aprobarse, Argentina se alinearía con otros países de la región que ya cuentan con una edad de imputabilidad similar, marcando un cambio de paradigma en la política de seguridad nacional.