La noticia sacudió el espectro político este fin de semana. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pregona la necesidad de "destruir el Estado desde adentro", un organismo público bajo la órbita del Palacio San Martín (Cancillería) formalizó un contrato millonario con la institución que lidera su esposa, María Josefina Rouillet.

El contrato, que asciende exactamente a $114.044.133, tiene como objetivo la capacitación en idioma inglés para 132 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores y del ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación). Lo que llamó la atención de analistas y usuarios en redes no es solo el monto, sino la modalidad y el contexto.

Los datos más calientes de la polémica:

• El precio de la hora: Según los pliegos del contrato (Expediente EX-2025-132767865-APN), el Estado pagará aproximadamente $192.000 por cada hora de clase presencial, un valor que está muy por encima de los precios de mercado para capacitaciones corporativas tradicionales.

• La "trampa" de los 9 meses: La adjudicación se realizó por un período de 9 meses, con opción a prórroga. Según fuentes críticas, se habría elegido este plazo menor a un año para agilizar los controles legales que suelen ser más estrictos en contratos de largo aliento.

• Adjudicación Simple: No hubo una licitación pública abierta donde compitieran distintas academias de idiomas. Se utilizó la figura de "Adjudicación Simple por Especialidad", lo que permitió otorgar el contrato directamente a la AACI.

• El descargo oficial: El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las críticas en redes sociales. Aseguró que "no hay ninguna irregularidad" y que la Cancillería contrata a esta asociación desde el año 2018. Además, subrayó que debido al parentesco con Sturzenegger, se activó un "Pacto de Integridad" revisado por la Oficina Anticorrupción (OA) y la SIGEN.

¿Por qué genera tanto ruido?

La controversia surge por una cuestión de coherencia política. Sturzenegger es la cara visible de la "motosierra" sobre el empleo público y los contratos del Estado. Que su propia esposa firme un contrato de 115 millones para enseñarle inglés a diplomáticos —quienes, por ley, ya deben dominar el idioma para ingresar a la carrera— ha sido calificado por la oposición como un "conflicto ético de manual".

Desde el Gobierno insisten en que el proceso fue transparente y que se cumplieron todos los pasos administrativos del Decreto 202/2017 sobre conflictos de intereses. Sin embargo, para el vecino de a pie que sufre los recortes, el dato de los 115 millones para clases de inglés se volvió una cifra difícil de digerir.