La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados no solo generó tensión con los gremios y la oposición, sino que también reactivó las disputas internas dentro del peronismo. El bloque de Unión por la Patria vivió momentos de fuerte fricción cuando los legisladores más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner apuntaron contra sus pares que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán y Salta. 

El malestar se desató en los minutos previos a la votación, cuando el oficialismo necesitaba quórum para iniciar el debate. La decisión de los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz de respaldar la iniciativa libertaria fue interpretada por el kirchnerismo como una señal de ruptura en la estrategia común del PJ.  

Los diputados alineados con el cristinismo denunciaron que el apoyo de esos sectores provinciales debilitó la posición del bloque opositor y facilitó la aprobación de un proyecto que consideran regresivo en materia de derechos laborales. “Se entregaron al Gobierno a cambio de favores políticos”, fue la acusación que resonó en los pasillos del Congreso. 

La tensión expone una fractura cada vez más visible entre el kirchnerismo duro y los gobernadores que buscan mantener canales de negociación con la Casa Rosada. Para estos últimos, el respaldo a Milei responde a la necesidad de garantizar recursos y obras en sus provincias, mientras que para Cristina y sus aliados significa una claudicación política.

El episodio reaviva el debate sobre el futuro del PJ y la conducción interna. Mientras el Gobierno celebra la aprobación como un triunfo legislativo, el peronismo enfrenta una nueva etapa de disputas que podrían redefinir su rol opositor en el Congreso.

La reforma laboral, que ahora deberá volver al Senado por las modificaciones introducidas en Diputados, no solo marca un hito en la agenda oficialista, sino que también deja al descubierto las profundas diferencias dentro del principal partido opositor.