El Senado de la Nación aprobó este jueves una serie de modificaciones sustanciales a la Ley de Glaciares, otorgando al Poder Ejecutivo un triunfo legislativo clave en el cierre del período extraordinario. La iniciativa obtuvo 40 adhesiones y 31 rechazos, una paridad que se mantuvo tanto en la votación en general como en la particular. El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, busca redefinir los criterios de protección para habilitar inversiones productivas, principalmente en el sector minero, bajo el argumento de "actualizar" una normativa que el oficialismo considera paralizante.

La sesión estuvo marcada por cruces transversales que rompieron las estructuras partidarias habituales. La nota política de la jornada la dieron los senadores del interbloque kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), quienes decidieron acompañar a los libertarios y a los bloques dialoguistas. Ambos legisladores, que representan a provincias con un fuerte perfil minero, priorizaron el interés regional por sobre la postura de su bloque, que mayoritariamente rechazó la reforma denunciando un "debilitamiento del sistema de protección ambiental".

Dentro del sector dialoguista, la cohesión fue inexistente y los votos se fragmentaron según la procedencia geográfica y la visión sobre el federalismo. Por otro lado, la senadora neuquina Julieta Corroza optó por la abstención, reflejando las dudas que aún persisten en algunas provincias patagónicas sobre el impacto real de la nueva normativa en los ecosistemas locales. Desde la oposición dura, se advirtió que la fragmentación de los criterios de conservación —que ahora darían más potestad a los estados provinciales— podría derivar en una "anarquía jurídica" y futuros planteos de inconstitucionalidad.

El eje del debate técnico giró en torno al rol del IANIGLIA y la distinción entre el glaciar y el ambiente periglaciar. Mientras que el oficialismo defendió la necesidad de delimitar las áreas protegidas para dar seguridad jurídica a los proyectos del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), los detractores alertaron que la reforma desprotege reservas estratégicas de agua dulce. Al cierre del debate, la presidenta del Senado, Patricia Bullrich, defendió la postura gubernamental asegurando que la Argentina debe abandonar lógicas "retrógradas" que plantean una falsa dicotomía entre la protección del ambiente y el desarrollo económico.

Con esta media sanción, el Gobierno nacional logra aceitar su agenda legislativa en una semana que consideran "histórica". Tras haber ratificado también el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el foco de la Casa Rosada se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde esperan repetir la estrategia de seducción hacia los gobernadores para convertir la reforma en ley. El desafío no será menor, dado que las organizaciones ambientalistas ya han anunciado que intensificarán sus protestas frente al Congreso para intentar frenar lo que consideran un retroceso irreversible en materia de presupuestos mínimos ambientales.