El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, un régimen que se extendió por más de siete años y que dejó un saldo de miles de desaparecidos, presos políticos, exiliados y víctimas de la represión. Medio siglo después, el país vuelve a reflexionar sobre aquel quiebre institucional que instauró el terrorismo de Estado.  

Las conmemoraciones de este 2026 incluyen marchas multitudinarias en la Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país. Organismos de derechos humanos, académicos y referentes sociales se movilizan para recordar a las víctimas y exigir que las causas judiciales pendientes continúen su curso.  

El aniversario también reaviva el debate sobre el legado de la dictadura y las políticas de memoria implementadas desde el retorno democrático. El Juicio a las Juntas en los años 80, las leyes de obediencia debida y punto final, y su posterior derogación, forman parte de un recorrido histórico que aún hoy genera discusiones sobre la responsabilidad del Estado y la reparación a las víctimas. 

En medios y espacios culturales, periodistas, artistas y escritores compartieron sus recuerdos de aquel día. Relatos de miedo, censura y pérdida de libertades se entrelazan con la memoria colectiva de un país que vio interrumpida su vida democrática. La evocación de esas experiencias busca transmitir a las nuevas generaciones la magnitud del quiebre institucional. 

El golpe de 1976 instauró el llamado Proceso de Reorganización Nacional, caracterizado por la persecución sistemática, secuestros, torturas y desapariciones. La represión ilegal se convirtió en política de Estado y afectó a miles de familias argentinas, dejando heridas que aún no cicatrizan. 

A 50 años, el consenso social en torno a la consigna de Memoria, Verdad y Justicia sigue siendo un pilar de la democracia argentina. Las marchas y actos de este aniversario no solo recuerdan a las víctimas, sino que también advierten sobre la importancia de defender las instituciones y los derechos humanos frente a cualquier intento de relativizar los crímenes cometidos durante la dictadura.