La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución impulsada por Ghana que declara la esclavitud africana y la trata transatlántica como “el crimen más grave contra la humanidad”. El texto obtuvo 123 votos a favor, 52 abstenciones —entre ellas las de España, Francia, Alemania y Reino Unido— y apenas tres votos en contra: Argentina, Estados Unidos e Israel.
La postura argentina generó sorpresa y críticas en el ámbito internacional. El gobierno de Javier Milei decidió alinearse con Washington y Tel Aviv, argumentando reparos sobre el alcance del texto y sus implicancias en materia de reparaciones históricas. Sin embargo, la decisión dejó al país en un bloque minoritario frente a la amplia mayoría que respaldó la iniciativa.
La resolución busca reconocer el impacto histórico de la esclavitud y avanzar en medidas de justicia reparadora. En particular, plantea la necesidad de que los Estados asuman responsabilidades por los crímenes cometidos y promuevan políticas de memoria y reparación hacia las comunidades afectadas.
En Europa, varias potencias optaron por la abstención, señalando que el texto abría un debate complejo sobre compensaciones económicas y responsabilidades actuales. No obstante, remarcaron la importancia simbólica de la declaración como un paso hacia la reivindicación de las víctimas de la trata transatlántica.
En Argentina, la decisión del gobierno fue cuestionada por organismos de derechos humanos y sectores académicos, que advirtieron sobre el costo político de quedar aislados en una votación de fuerte contenido histórico y humanitario. Para muchos, el rechazo contradice la tradición del país en materia de defensa de los derechos humanos en foros internacionales.
El episodio reaviva el debate sobre la política exterior argentina y su alineamiento con Estados Unidos e Israel en temas sensibles. A 50 años del golpe de Estado y en un contexto de conmemoraciones por la memoria, la postura en la ONU abre interrogantes sobre la coherencia del discurso oficial en torno a los derechos humanos y la justicia histórica.