El Ministerio de Economía publicó este jueves en el Boletín Oficial la Resolución 282/2026, que autoriza la privatización total de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de rampa, traslado de equipajes y asistencia en tierra en 16 aeropuertos del país. La medida se enmarca en la Ley Bases y forma parte del programa de reformas estructurales impulsado por la administración de Javier Milei.   

La licitación pública será de alcance nacional e internacional y contempla la venta de 3.050.000 acciones ordinarias, representativas del 100% del capital social de la compañía. El precio base para las ofertas se fijó en 45,12 millones de dólares, aunque se espera que el monto final pueda superar esa cifra en función de la competencia entre oferentes. 

Intercargo presta servicios de asistencia en tierra a aerolíneas nacionales e internacionales, incluyendo carga y descarga de equipajes, traslado de pasajeros y abastecimiento de aeronaves. Su rol es clave en la operatividad de los aeropuertos, por lo que el Gobierno asignó a la Subsecretaría de Transporte Aéreo la tarea de garantizar que el proceso de privatización no afecte la conectividad ni la prestación de los servicios.   

La decisión de privatizar la empresa se suma a otros procesos de venta de activos estatales previstos en la Ley Bases. Según el Ministerio de Economía, el objetivo es reducir el gasto público y atraer inversiones privadas que modernicen la infraestructura aeroportuaria. El ministro Luis Caputo había adelantado la medida en redes sociales, destacando que se trata de uno de los primeros pasos de la reforma del Estado.  

La apertura de sobres con las ofertas se realizará en las próximas semanas, y se espera la participación de compañías internacionales del sector aeroportuario. El modelo de privatización será bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica que el nuevo operador deberá mantener la continuidad de los servicios y preservar las fuentes de trabajo. 

El anuncio generó debate en el ámbito sindical y político. Mientras el Gobierno defiende la medida como una forma de eficientizar la gestión y reducir costos, gremios aeronáuticos advirtieron sobre el riesgo de pérdida de derechos laborales y la concentración de servicios en manos privadas. La discusión promete instalarse en el Congreso y en la agenda pública en los próximos meses.