La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este jueves la condena civil contra el Estado nacional por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. El máximo tribunal rechazó siete recursos extraordinarios presentados por el Ejecutivo y por aseguradoras, dejando firme la obligación de pagar indemnizaciones a los damnificados.  

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar recursos cuando no presentan un “agravio federal suficiente”. De este modo, se cerró la última instancia de apelación posible y se consolidó la responsabilidad del Estado en el plano civil. 

La tragedia de Once fue el peor accidente ferroviario de la historia argentina reciente: un tren del Sarmiento impactó contra los paragolpes de la estación terminal, provocando la muerte de 51 personas —una de ellas embarazada— y más de 700 heridos. El hecho derivó en condenas penales contra ex funcionarios y empresarios, pero también abrió una extensa batalla judicial en el fuero civil.  

Entre las demandas que ahora quedaron firmes figuran las impulsadas por víctimas directas y familiares, quienes reclamaron al Estado por su responsabilidad en el control deficiente del servicio y por la complicidad con las concesionarias privadas. El fallo reconoce que la responsabilidad es compartida entre organismos públicos y empresas, consolidando un criterio que la Corte ya había sostenido en fallos anteriores.  

La decisión tiene un fuerte impacto institucional y económico. El Estado deberá afrontar el pago de indemnizaciones millonarias, en un contexto de presión fiscal y ajustes presupuestarios. Para los abogados de las víctimas, el fallo representa un triunfo histórico y un reconocimiento a más de una década de lucha judicial.  

Con este pronunciamiento, la Corte Suprema cierra definitivamente el capítulo civil de la tragedia de Once. El caso se convierte en un precedente clave sobre la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios públicos y refuerza la necesidad de controles efectivos para evitar que hechos de semejante magnitud vuelvan a repetirse.