La decisión fue anunciada en Madrid y supone un paso más en la postura crítica del Ejecutivo español frente a la escalada bélica en Medio Oriente. El Gobierno confirmó que ningún avión militar vinculado a la operación contra Irán podrá sobrevolar territorio español, independientemente de que provenga de bases en Estados Unidos, Reino Unido o Francia.   

El veto se suma a la negativa previa de permitir el uso de las bases conjuntas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), que suelen ser empleadas por aeronaves estadounidenses para operaciones internacionales. Con esta medida, España busca reforzar su mensaje de que no participará ni contribuirá a una guerra que considera contraria al Derecho internacional. 

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en una entrevista que la decisión responde a la voluntad de mantener a España al margen de un conflicto iniciado de manera unilateral. “No vamos a ser parte de una guerra que no cuenta con aval internacional”, señaló, en línea con la postura expresada por el presidente Pedro Sánchez.  

La medida afecta directamente a los bombarderos estadounidenses B-52 y B-1, que debieron modificar sus rutas tras el cierre del espacio aéreo español. Según fuentes militares citadas por El País, el veto complica la logística de la operación “Furia Épica”, lanzada por Washington e Israel contra Irán.  

Desde el Gobierno se aclaró que los vuelos comerciales no se verán afectados, garantizando la normalidad en aeropuertos y rutas aéreas civiles. El cierre se limita exclusivamente a aeronaves militares vinculadas al conflicto, sin impacto en pasajeros ni en la actividad turística.

La decisión española fue celebrada por sectores pacifistas y criticada por aliados de Washington, que consideran que limita la capacidad de respuesta frente a Irán. En cualquier caso, el veto marca un precedente en la política exterior española, reafirmando su rechazo a participar en operaciones militares que no cuenten con respaldo de la comunidad internacional.