El cierre de facto del estrecho de Ormuz, con el tránsito marítimo reducido a mínimos históricos y sometido a control selectivo por parte de Irán, ha alterado de forma abrupta el equilibrio del comercio energético global y ha reactivado la preocupación internacional por la vulnerabilidad de los grandes corredores marítimos. Europa, altamente dependiente de esta vía para el suministro de petróleo y gas procedente del Golfo, se encuentra entre las regiones más expuestas a cualquier disrupción prolongada del tráfico.

El impacto para el continente es directo: alrededor del 13% del petróleo y el 6% del gas que consume la Unión Europea transitan por el estrecho de Ormuz. Tras la reducción del gas ruso desde 2022, Europa aumentó su dependencia del gas natural licuado del Golfo, lo que amplificó su exposición a cualquier crisis en la zona. En los primeros días de marzo, solo 77 barcos habían atravesado el estrecho, una cifra muy inferior a los 1.229 tránsitos registrados en el mismo período del año anterior.

En ese contexto, la inquietud en torno a Ormuz está revalorizando otros puntos clave del mapa marítimo y, especialmente, el Canal de Estambul, el ambicioso proyecto impulsado por Turquía que vuelve a cobrar relevancia en un momento en el que la seguridad de las rutas tradicionales se percibe cada vez menos garantizada. Se trata de una vía artificial proyectada en la parte europea de la ciudad, concebida para conectar el mar Negro con el mar de Mármara a lo largo de aproximadamente 45 kilómetros, discurriendo en paralelo al estrecho del Bósforo.

El elemento diferencial del Canal de Estambul no reside únicamente en su función logística, sino en su naturaleza jurídica. El Bósforo, al igual que Ormuz, está sujeto a normas internacionales que garantizan el derecho de paso en tránsito. La Convención de Montreux de 1936 establece la libre navegación para buques civiles, lo que impide a Ankara imponer peajes más allá de ciertos costos asociados a servicios. Esta limitación es precisamente la que el nuevo canal permitiría sortear: al tratarse de una infraestructura artificial, Turquía podría establecer un sistema de tarifas para el tránsito, replicando el modelo del Canal de Suez o el Canal de Panamá.

Aunque el Canal de Estambul no constituye una alternativa geográfica al paso por Ormuz —imprescindible para la salida de hidrocarburos del Golfo Pérsico—, la relación entre ambos escenarios se sitúa en el plano estratégico. La inestabilidad en uno de los principales nodos críticos del comercio energético mundial está impulsando una reconsideración global de cómo se gestionan las rutas marítimas y qué margen tienen los Estados para ejercer control sobre ellas.

La magnitud de la crisis actual da dimensión al problema: los más de 100 petroleros que normalmente atraviesan el estrecho de Ormuz cada día se han reducido a 10 o menos. Según analistas de la firma Kpler, hay alrededor de 400 petroleros cargados en el Golfo esperando salir, y aunque el estrecho se abriera hoy, probablemente tomaría hasta julio para que los flujos de petróleo vuelvan a la normalidad. En ese escenario, el debate sobre qué infraestructuras pueden ofrecer a Europa mayor capacidad para gestionar el tránsito marítimo en su entorno ya no es académico: es urgente.