El Gobierno decidió acelerar los tiempos judiciales y presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la suspensión de la reforma laboral. La medida fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación y busca que el máximo tribunal intervenga de manera inmediata en el expediente.

El objetivo es que la Corte deje sin efecto la resolución que frenó la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, aprobada por el Congreso y cuestionada por sectores sindicales y opositores. El Ejecutivo considera que la suspensión genera un vacío legal y afecta la implementación de cambios clave en el mercado de trabajo.

Fuentes oficiales señalaron que el recurso se presentó con carácter de urgencia, bajo el argumento de que la reforma laboral es una política pública de alcance nacional y que no puede quedar paralizada por una decisión de primera instancia. “La Corte debe intervenir directamente”, remarcaron desde el Gobierno.

La estrategia judicial refleja la importancia que el oficialismo le asigna a la reforma, considerada uno de los pilares de su programa económico. El proyecto incluye modificaciones en contratos, indemnizaciones y modalidades de empleo, con el objetivo de flexibilizar el mercado laboral y reducir costos para las empresas.

Desde el sindicalismo y la oposición, en cambio, sostienen que la ley vulnera derechos adquiridos y precariza las condiciones de trabajo. La suspensión judicial fue celebrada por estos sectores como un freno a lo que consideran un retroceso en materia laboral.

La Corte Suprema deberá definir ahora si acepta el per saltum y toma el caso de manera directa. En la Casa Rosada admiten que la decisión es incierta, pero confían en que el máximo tribunal priorice la relevancia institucional del tema. Mientras tanto, la reforma laboral sigue en suspenso y el Gobierno apuesta a que la Justicia destrabe un conflicto que amenaza con convertirse en un nuevo frente político y social.