El avance de la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la declaración de Matías Tabar, contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá. Según su testimonio, las obras demandaron un gasto de USD 245 mil, cifra que la fiscalía considera relevante para evaluar la consistencia de los ingresos declarados por el vocero presidencial.

Tabar compareció ante el fiscal Gerardo Pollicita y aportó documentación vinculada a los trabajos realizados, incluyendo presupuestos, órdenes de compra y comprobantes de pago. Además, dejó su teléfono celular para que sea sometido a peritajes, con el objetivo de verificar comunicaciones y registros que respalden su versión.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito busca determinar si los gastos de Adorni se corresponden con sus ingresos oficiales o si existieron aportes externos no declarados. La refacción de la casa en Indio Cuá se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación, junto con préstamos y operaciones financieras que ya habían generado cuestionamientos públicos.

La investigación sobre Adorni se da en un clima de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, que exige transparencia en el manejo patrimonial de los funcionarios. En el Congreso, legisladores opositores adelantaron que pedirán explicaciones públicas y que impulsarán pedidos de informes para conocer el detalle de las obras realizadas en el country Indio Cuá.

En paralelo, fuentes cercanas al expediente señalaron que la Justicia podría ampliar la pesquisa hacia otros contratos vinculados al entorno del funcionario. El objetivo es determinar si existieron maniobras de ocultamiento de patrimonio o triangulación de fondos. La causa, que recién comienza a tomar volumen, promete convertirse en uno de los temas más sensibles de la agenda política en las próximas semanas.

Fuentes judiciales señalaron que la declaración del contratista constituye un elemento clave para avanzar en el expediente. En paralelo, Adorni prepara su estrategia de defensa y asegura que presentará pruebas para demostrar la legalidad de sus bienes. El caso mantiene en tensión al oficialismo, mientras la oposición anticipa que insistirá en el tema durante el próximo informe de gestión en el Congreso.