La Marcha Federal Universitaria reunió a miles de estudiantes, docentes y autoridades en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país. El reclamo central fue el aumento del presupuesto y la denuncia de un proceso de desfinanciamiento que, según los organizadores, pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas.

Álvarez, en declaraciones radiales, buscó minimizar el impacto de la protesta: “Podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Para el funcionario, la movilización respondió más a una estrategia política que a un reclamo genuino del sistema educativo.

El subsecretario también cuestionó el sistema de ingreso irrestricto y planteó la necesidad de discutir un nuevo modelo de admisión. “Hay que revisar cómo se financia y cómo se organiza el acceso a la universidad”, señaló, en línea con la postura del Gobierno de Javier Milei sobre la necesidad de reformas estructurales.

Respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, Álvarez sostuvo que “nació muerta” porque no especifica de dónde saldrán los fondos para sostener el aumento presupuestario. Según explicó, cualquier norma que implique gastos sin detallar su origen queda automáticamente suspendida.

El funcionario apuntó contra algunos rectores y dirigentes universitarios, a quienes acusó de tener vínculos políticos y de sostener un modelo deficitario. “No se trata de negar la importancia de la universidad, sino de discutir cómo se financia sin hipotecar las cuentas públicas”, afirmó.

La tensión entre el discurso oficial de austeridad y la demanda de recursos para la educación superior se consolida como uno de los principales frentes de conflicto político. Mientras las universidades insisten en que el presupuesto actual es insuficiente, el Gobierno reafirma que la prioridad es mantener el equilibrio fiscal.