El Gobierno libertario envió al Senado un proyecto que deroga por completo la ley de etiquetado frontal, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, sancionada años atrás con amplio apoyo del Congreso. La iniciativa ingresó el 23 de mayo con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, y pide "pronto tratamiento y sanción", según informó Infobae.

En medio de otras discusiones ríspidas sin saldarse en la Cámara alta, legisladores de la oposición dialoguista deslizaron que no hay urgencia alguna y que solicitarán los argumentos de los principales involucrados antes de avanzar. "No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia", confiaron desde una bancada aliada. El freno no es un rechazo, pero tampoco es una señal verde.

"Hay otras iniciativas pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero borrarla por completo parece mucho", recordaron desde otra bancada. La reforma política, en particular, sigue siendo la discusión que más tensión genera en el Senado y concentra la mayor parte de la energía negociadora del bloque dialoguista.

El proyecto propone derogar la norma en su totalidad, lo que implicaría eliminar los octógonos negros de advertencia en los envases de alimentos y bebidas, las restricciones vinculadas a publicidad, los entornos escolares y el uso de personajes infantiles en productos alimenticios. No se trata de una modificación ni de una actualización: el Gobierno quiere borrón y cuenta nueva con una ley que en 2021 había contado con el respaldo de organismos médicos, científicos y de salud pública.

Entre los argumentos oficiales, el texto sostiene que el sistema actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional, lo que genera situaciones inconsistentes donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando "interpretaciones simplificadas o poco precisas" y confusión en el consumidor.

El Gobierno también señala que las asimetrías regulatorias impactan especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas y adaptación de procesos de producción y comercialización. El argumento pyme es el más político de todos: apunta a un sector que el oficialismo quiere tener de su lado de cara a las legislativas de octubre.

Desde el campo de la salud pública, la reacción fue inmediata y contundente. Nutricionistas y organizaciones especializadas advirtieron que los octógonos son la herramienta más efectiva para que los consumidores identifiquen ultraprocesados en el punto de venta, y señalaron el impacto sobre niños y adolescentes, quienes perderían una protección concreta frente a la publicidad alimentaria. Con ese frente abierto, el oficialismo tiene por delante una discusión que no será solo legislativa sino también sanitaria, cultural y electoral.