Miles de manifestantes marcharon este lunes en La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, al comenzar la cuarta semana de protestas que han provocado escasez de productos básicos. El mandatario centroderechista, de 58 años, enfrenta la mayor protesta social en su corta gestión, que comenzó en noviembre pasado, ante la crisis económica que atraviesa el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas. Campesinos, obreros y transportistas bajaron desde El Alto detonando petardos mientras avanzaban hacia el centro de la capital, según constató la agencia AFP.

Frente a las movilizaciones, Paz eligió el acto oficial por el aniversario de la gesta libertaria de Sucre para endurecer el tono. "Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar", sostuvo el mandatario. La frase fue leída por los manifestantes como una advertencia de posible uso de la fuerza y no hizo más que caldear el ambiente en una jornada que ya venía tensa.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana y cortes de carreteras que llegaron al medio centenar en distintos puntos del país. Entre los grupos movilizados se encuentran sindicatos campesinos aimaras, la COB y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes responsabilizan al Gobierno por la crisis económica y exigen la renuncia del mandatario. Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

El conflicto derivó en bloqueos de carreteras estratégicas que interrumpieron el transporte de productos básicos hacia La Paz y El Alto, dos de los centros urbanos más importantes del país con más de 2,3 millones de habitantes en conjunto. Frente al deterioro de la situación, el Gobierno organizó puentes aéreos para trasladar alimentos e insumos esenciales y coordinó apoyo logístico y ayuda internacional. La carestía de productos básicos se extendió además a Oruro, Potosí y Cochabamba.

Luego de aseverar que la Constitución permite el uso de la fuerza para desbloquear las carreteras, y de que el Senado allanó el camino para aplicar la Ley de Estado de Excepción, Paz anunció una medida radical para intentar apaciguar las protestas. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció además que durante el fin de semana fue emboscado tres veces por manifestantes armados con piedras y explosivos, una escalada que grafica el nivel de violencia al que llegó el conflicto.

El domingo, Paz debía comenzar un diálogo con un sindicato de campesinos, pero la reunión no se realizó por los enfrentamientos del sábado con la Policía. La mesa de negociación que podría descomprimir la crisis sigue sin instalarse, y cada jornada que pasa sin acuerdo es una jornada más de desabastecimiento para una población que ya empieza a sentir el peso de la parálisis en su vida cotidiana.

Miles de ciudadanos también realizaron contramarchas en al menos cinco capitales regionales, entre ellas Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, bajo consignas contra los bloqueos y en defensa de la democracia. Bolivia tiene así dos Bolivias en la calle al mismo tiempo: una que pide que Paz se vaya y otra que pide que los bloqueos terminen. En el medio, un presidente que lleva apenas seis meses en el poder y que enfrenta la prueba más dura de su gestión sin haber encontrado todavía la salida.